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Dependencia a Gran Scala

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Una noticia, aparentemente de poco calado, ha pasado desapercibida entre las líneas informativos de estos días. “El Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón cambia de sede”. Aparentemente, en efecto, poco interés ofrece el titular. Sin embargo, con la costumbre de leer diariamente la prensa, con buena memoria y una dosis de picardía (si nos lo permiten), creemos haber descubierto que la noticia no es tan inocente como parece.

El Consejo de Protección de la Naturaleza se muda, pero no a un edificio cualquiera. Se muda al 36 del paseo María Agustín (en inglés: 10 de Downing street) es decir, a la Real Casa de Misericordia, llamada actualmente Edificio Pignatelli, sede del Gobierno. Puerta 8, planta calle. Recordamos de pronto un titular idéntico: “El Consejo de la Naturaleza estrena sede”, esta vez publicado en “El Periódico de Aragón” (y en el resto de medios) el día 18 de febrero de 2004. Según la noticia del momento, “el organismo evita la dependencia que suponía trabajar en las oficinas de la DGA”, en el Edificio Pignatelli. Seguimos leyendo la noticia publicada en 2004: “El Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón (CPNA) celebró ayer el haberse ‘independizado’ del Gobierno aragonés con la inauguración de su nueva sede, en la calle Canfranc”. Según declaraba entonces su presidente, Joaquín Guerrero, “el hecho de que desde su creación el CPNA dependiera físicamente de la DGA ha confundido a la mayoría de ciudadanos”. En el resto de medios se repite el mensaje que se emite desde el CPNA en ese día: El Consejo necesita ser independiente físicamente para ser independiente realmente. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha sucedido para que ahora el Consejo ya no necesite “independencia física”?

El retorno del Consejo a las faldas de la Diputación General no parece un asunto menor en estos momentos. Es el Consejo, sin duda, un órgano entrañable y querido que cuenta con muchos representantes de las asociaciones defensoras del patrimonio natural y cultural. Entre ellos, el primer Justicia de la democracia y persona ejemplar, Emilio Gastón, miembro del Consejo de APUDEPA. Pero de 27 miembros, 12 representan a administraciones públicas controladas por el PSOE y el PAR y de ellos 6 directamente al Gobierno de Aragón. Los 15 restantes son representantes de una sociedad muy atomizada: empresarios, regantes, sindicatos, asociaciones, universidad… Los representantes de la administración, sólo con sumar a los representantes empresariales, suman mayoría absoluta (14 votos contra 13), lo cual explica la necesidad de la Administración de supervisar férreamente la actuación de los miembros del Consejo. Es decir: que la independencia del CPNA pende de un hilo y el Gobierno lo está atando corto. ¿Y por qué ahora?

¿Recuerdan que les hemos nombrado anteriormente a Joaquín Guerrero, presidente del CPNA, cuando defendía ardientemente la “independencia física” del Consejo respecto del Gobierno? Pues Joaquín Guerrero Peyrona sigue siendo el presidente, ahora que el CPNA vuelve al Pignatelli, y fue nombrado de nuevo miembro del Consejo por Orden de 2 de agosto de 2005 del Departamento de Medio Ambiente en representación del extinto Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales. Es decir: Joaquín Guerrero es el representante de Biel en el Consejo. El CPNA tiene, a su vez, la potestad de nombrar un representante en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, el órgano que realiza las declaraciones de Impacto Ambiental. Es una supuesta concesión de la ley del Instituto hacia las instituciones “conservacionistas”. De 11 miembros del Consejo del INAGA sólo el representante del CPNA no pertenece al Gobierno. ¿Saben a quién nombró representante del CPNA el Decreto 272/2007, de 23 de octubre, del Gobierno de Aragón? A don Joaquín Guerrero Peyrona. ¿Se dan cuenta de la jugada? El representante del “órgano independiente” en la administración es el representante de la administración en el “órgano independiente”. El supuesto miembro independiente acaba así siendo también representante del Gobierno (en este caso, de Biel). Es decir: que la independencia brilla por su ausencia y que la administración se basta y se sobra para “representarse” allá por dónde va.

Pero vayamos al centro de la cuestión. ¿Por qué interesa ahora retomar la férrea supervisión del Gobierno sobre el CPNA? Un artículo publicado en Heraldo de Aragón el 15 de diciembre de 2007 puede arrojar luz sobre el caso. El artículo se titula “Cenizos ” y, haciendo referencia al proyecto de Monegros, arremete furibundamente contra quienes se han pronunciado contrarios a la “esperanza” y el “proyecto importante” de Gran Scala, al que por su nombre no cita. Con los tópicos de siempre y con diferentes palabras, el autor del artículo critica a los “ecologistas rebeldes” (y por tanto malos) frente a los “ecologistas responsables” (o sea los que son como él). A estas alturas ya habrán adivinado que el autor del artículo es don Joaquín Guerrero Peyrona, que firma como abogado a pesar de ser presidente del CPNA (y militante del PAR).

Y mientras, el Consejero de Medio Ambiente arremete públicamente contra la Fundación Ecología y Desarrollo, con financiación del Gobierno, por permitirse incentivar el debate sobre Gran Scala al margen del Gobierno. “¿Es lícito que Organizaciones sociales subvencionadas por el Gobierno critiquen al Gobierno?” se pregunta el Consejero Boné, mostrando al mundo su concepción del “tejido social”, de la independencia y del ejercicio democrático de la participación.

Así las cosas, el interés de la noticia aparentemente anodina relativa al cambio de sede del CPNA va cobrando forma: el alejamiento físico del Consejo respecto del Gobierno favorece la independencia del primero y lastra la capacidad de férreo control del segundo. Por ello, en un momento en que el Consejo deberá pronunciarse sobre Gran Scala, y teniendo presente que la mayoría absoluta se consigue con los empresarios por un solo voto, el Gobierno ha decidido que conviene amarrar de nuevo el órgano y seguir sus actuaciones muy de cerca. No vaya a ser que alguno de los ecologistas buenos se vea seducido por uno de esos otros indeseables…

 

 

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1 comentario

Raúl -

Propongo iniciar una cibercampaña por el desdoblamiento de la N-II y de la N-232. Es un sumidero de vidas fácilmente solucionable. ¿Cuál es el problema?: La existencia de las autopistas AP-2 y AP-68, dos de las más caras de España. ¿Hasta qué punto la vida humana vale poco como para seguir manteniendo los peajes de esas dos autopistas.

Es inaudito lo del tramo entre Alfajarín y Fraga, el único tramo de doble sentido en la nacional que une Madrid y Barcelona. Lo mismo sucede entre Figueruelas y la frontera navarro-aragonesa, que unen unas de las zonas más dinámicas del país, el valle del Ebro con País Vasco, Navarra y La Rioja.

EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS SE HAN REGISTRADO MÁS DE 200 ACCIDENTES CON VÍCTIMAS en estos dos tramos.

Por ello, mientras no se realice el desdoblamiento EXIGIMOS que se liberalice el peaje de ambos tramos de autopistas.
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